La democratización de la justicia en “un país al margen de la ley”

        El tema político de las últimas semanas días fue la llamada “democratización de la justicia” propuesta por la Presidenta de la Nación, y la pregunta que quedó flotando para el ciudadano común es cómo lo afectará la reforma y si mejorará el servicio de justicia.

    Y es bueno detenerse a responder esas preguntas puesto que el latiguillo usado por parte de los defensores del proyecto fue que la justicia funciona mal y por ende hay que reformarla, escondiendo la verdadera intención del gobierno que es dominar el único poder del estado que era (relativamente) independiente.

    Lamentablemente no podemos darle buenas noticias a la gente: el servicio de justicia no mejorará, sino que probablemente empeore.

    Las quejas más habituales suelen ser que la justicia es lenta, que es caro o difícil acceder, que los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra… y ninguno de esos aspectos van a mejorar.

    Las tres leyes más importantes del proyecto de reforma van a tener como consecuencia que el gobierno de turno (éste o el que venga) podrá designar jueces afines a su ideología (reforma del Consejo de la Magistratura), que sea más difícil defenderse frente a una medida injusta tomada por el Estado (limitación de medidas cautelares) y que sea más lenta y más burocrática la actuación de la justicia (creación de las Cámaras de Casación).

    Si los juicios de los jubilados para obtener un reajuste eran lentos, ahora van a ser lentísimos, si al gobierno se le ocurriera dictar una nueva “resolución 125” olvídense de recurrir a la justicia y mucho menos que Menem, Boudou o cualquier amigo del gobierno pueda ir preso.

    El principal problema que tiene la justicia hoy es el innumerable número de juicios radicados en los juzgados, que superan ampliamente la capacidad de los funcionarios y empleados, y la causa de ello es, como lo definió el jurista y filósofo Carlos Nino, que la Argentina es “una país al margen de la ley”.

    Los juzgados provinciales están llenos de juicios: los laborales porque en el país existe un 40% de trabajo en negro, los civiles porque muchísima gente no paga lo que debe o reclama lo que no le corresponde, los de ejecución fiscal porque no se pagan los impuestos, los de familia llenos de juicios por cobro de cuota alimentaria, los juzgados penales llenos de denuncias de hurtos, robos, estafas, asesinatos, etc, y así sucesivamente.

    Pero el Estado Nacional o sus funcionarios, también funcionan “al margen de la ley”: los juzgados federales (que serán los más afectados por esta reforma de la justicia) están llenos de juicios de jubilados porque el gobierno no les paga lo que corresponde, como hace unos años estaban llenos de juicios contra los bancos y el Estado porque no les devolvían el dinero depositado en virtud del llamado “corralito”. La reforma judicial que impulsa el gobierno también se encuentra “al margen de la ley”, puesto que viola abiertamente la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, lo cual acarreará inevitablemente cuestionamientos judiciales que saturarán aún más el servicio de justicia al que hacíamos referencia.

    Esto es un país al margen de la ley, donde ni ciudadanos ni gobierno hacen lo que corresponde, por eso hay tribunales abarrotados de causas que actúan tarde o lento.

    Ninguno de estos problemas se resuelven con la llamada “democratización de la justicia”. A los ciudadanos de a pie solo nos queda hacer nuestra parte en el respeto de las leyes y exigirle lo mismo a nuestros gobernantes.